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Derecho Administrativo y DESCA: El papel de las instituciones administrativas en la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA)

Director: Guillermo Treacy - guillermotreacy@derecho.uba.ar

Resumen del proyecto:

Los estudios sobre la organización administrativa generalmente abordan la personalidad del Estado, los principios jurídicos que rigen la actuación estatal y la distinción entre la Administración centralizada y descentralizada conformada por órganos y entes estatales. 

La presente investigación propone examinar el papel de las instituciones administrativas a fin de respetar y garantizar los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales de derechos humanos; en particular, este trabajo abordará las modalidades de actuación estatal a fin de promover los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.


En tal sentido, desde 1994, ante la asignación de jerarquía constitucional a determinados instrumentos internacionales de derechos humanos, el Estado tiene el deber de asegurar la efectividad de los derechos humanos, para lo cual debe organizar todo su aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público en pos de asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos —v. Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez—.

Otro punto relevante en esta investigación se vincula con el deber de no regresividad, entendido como una prohibición de medidas que restrinjan el ejercicio de un derecho, como consecuencia de la supresión de organismos estatales. Sentado ello, en el caso argentino será de especial relevancia el análisis del Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 70/2023 y de la Ley N.º 27742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, los planes de privatización y/o de concesión de empresas y sociedades en las que el Estado tiene algún tipo de participación accionaria, como sucede con AySA (Aguas y Saneamientos Argentinos SA), la desaparición de reparticiones como el Ministerio de la Mujer o el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Los cuales tienen un impacto evidente sobre la vigencia de derechos fundamentales.