Reformas legales y justicia penal: agencias, adaptaciones y percepciones de la comunidad

Desde los tiempos de la transición democrática, el sistema de administración de justicia penal -en sus niveles nacional y provincial- ha sido objeto de reformas legales que pueden ser enmarcadas en distintas narrativas. Al respecto, y como señala Sozzo (2020), se pueden observar tres tipos de ideales reformistas desde los años ochenta -garantista, justicia transparente y eficiente-, desarrollados en momentos y coyunturas particulares. Las modificaciones legales implicaron desde la adopción de sistemas de enjuiciamiento acusatorio -tal como ocurrió en la Provincia de Buenos Aires en 1998 y a nivel federal en el año 2015-, como la incorporación del juicio por jurados, y hasta mecanismos de aceleración del proceso o imposición de condenas sin la realización del debate con las figuras del proceso especial de flagrancia y juicio abreviado, respectivamente. Si bien se trata de un campo de indagación creciente, el presente proyecto de investigación intenta contribuir a los estudios socio-legales sobre la cuestión judicial a partir de la indagación en las reformas legales desde una perspectiva empírica, a partir del estudio de las agencias del sistema penal, sus operadores y los justificiables; adicionando la perspectiva de las comunidades respecto de las agencias locales. En este sentido, es una línea de continuidad con su antecesor proyecto “Reformas legales, justicia penal y encarcelamiento: implicaciones prácticas, persistencias y adaptaciones” (2021-2023), aprobada por Res. 278/2021. en este último, gran parte del trabajo que se ha desarrollado se vincula con un relevamiento (en formato encuesta) sobre la percepción y la confianza en las instituciones del sistema penal (fuerzas de seguridad y poder judicial) por parte de la comunidad paceña y de municipios afines, y el tipo de interacciones con estas instituciones; así como las percepciones sobre el delito y las estrategias de prevención.